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Unidos contra la pobreza


VIVIENDA, en detalle:

Debido a la falta de ingresos, millones de personas se ven obligadas a ocupar viviendas sórdidas y otros no tienen un hogar. Las consecuencias de la precariedad de las viviendas son múltiples: promiscuidad, mayor vulnerabilidad a las enfermedades, dificultad para que los niños hagan sus tareas escolares, peligro de incendios, conflictos familiares, menor interacción social, etc. La pobreza también impide pagar la calefacción o el aire acondicionado (lo que tiene consecuencias mortales cuando las temperaturas son extremas), comprar electrodomésticos sencillos, instalar el teléfono y asumir el coste del transporte.


Con frecuencia, los sistemas sanitarios son insuficientes, no hay agua potable disponible o está demasiado alejada, la evacuación y la asistencia son difíciles en caso de urgencia. Por otra parte, los barrios pobres suelen carecer de escuelas, zonas de juego, instalaciones deportivas, lugares de ocio y pueden llegar a ser peligrosos. La falta de acceso a los transportes y al teléfono complica la búsqueda de empleo y el ejercicio de una actividad económica independiente. El coste del transporte limita al mismo tiempo el acceso al trabajo y a las actividades recreativas. En ocasiones, la pobreza del hogar no permite pagar la factura de electricidad o la conexión a la red eléctrica, lo que priva a los hogares de bajos ingresos de ciertas comodidades, así como de la posibilidad de mejorar su nivel de vida a través de actividades que requieran energía eléctrica.


Habitar una vivienda de mala calidad puede conducir a la pérdida del amor propio y llevar al aislamiento. La falta total de vivienda agrava todos estos problemas y casi siempre trae aparejada la exclusión de la asistencia médica. Habitualmente, la ausencia de vivienda lleva a la exclusión de un gran número de servicios administrativos y de prestaciones sociales, si las hay. Las personas sin techo, que en muchos casos son analfabetas, carecen de información sobre las gestiones administrativas necesarias para la vida diaria, las prestaciones sociales a las que tienen derecho o la búsqueda de empleo. No oyen hablar de las iniciativas públicas y privadas destinadas a ayudar a las personas sin hogar y a los desempleados. La salud de los sin techo es particularmente vulnerable y depende mucho del clima. Muchos de ellos, en especial en los países industrializados, buscan consuelo en el alcohol o en las drogas, lo que perpetúa su pobreza.


La vivienda es un derecho humano que ha de garantizarse mediante iniciativas públicas y privadas. Los municipios, las regiones, y los gobiernos nacionales pueden ofrecer viviendas sociales, agua y energía gratuitas o a tarifa reducida, garantizar agua potable y sistemas sanitarios, espacios y actividades de deporte y de recreo. Mediante iniciativas públicas y privadas se podría lograr que las personas económicamente desfavorecidas accedan a créditos para viviendas y electrodomésticos. Las personas afectadas podrían emprender iniciativas comunitarias para garantizar una mayor limpieza del entorno y disponer de equipamientos colectivos. Se podrían crear iniciativas públicas o privadas de asesoramiento para las gestiones administrativas y jurídicas.


Si queremos que la gente pueda disponer de una vivienda digna a un precio justo, puede que sea igualmente esencial ofrecer, al menos temporalmente, programas de alfabetización, ayuda a la formación profesional e información sobre las posibilidades de encontrar un empleo, o incluso transportes y servicios telefónicos gratuitos.


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